Para establecer la Justicia como valor fundamental de la sociedad mexicana, no basta el esfuerzo transformador de las condiciones morales de la sociedad, no basta el crecimiento económico. Es indispensable dar prioridad efectiva al funcionamiento del estado de derecho, y no solo modernizando la legislación, sino exigiendo eficacia y honestidad en la administración de justicia, y en general en la aplicación de la ley.
Tenemos que lavarnos la vergüenza de
que el pueblo mexicano no confié en sus policías, en sus agentes del ministerio
público, y en sus juzgados. Una tarea ineludible para cumplir con la demanda de
renovación moral de la sociedad, es sanear con profundidad, con vigor y con
valor todas y cada una de las fases de la administración de la justicia, para
evitar con ello el surgimiento de cuerpos armados populares, que corrompan el
equilibrio de la legalidad, y atropellen los derechos inalienables del
ciudadano, empero, ello no se solucionara con reformas al cuerpo normativo,
sino como lo he dicho con la aplicación irrestricta de la ley.